Aún se desconoce la verdad sobre el asesinato de Christian Poveda

Esta columna apareció primero en LeMonde.fr el 22 de abril de 2011 El asesinato de Christian Poveda, el 2 de septiembre de 2009 en las periferias de San Salvador, suscitó una intensa emoción entre las redacciones a escala internacional. Unánime, el gremio reconocía entonces y con razón, a un gran nombre del periodismo, digno heredero de una familia de republicanos españoles perseguidos por el franquismo y refugiados en Francia. En Francia, precisamente, el homenaje culminó con el estreno en la pantalla grande de La Vida Loca, tres semanas después de la muerte de su autor. Dos años y medio más tarde, el veredicto pronunciado deprisa el 9 de marzo pasado contra once de los 31 acusados por el asesinato del colega, no produjo la misma movilización mediática que en el momento de los hechos. Había, no obstante, material para ello. Testigo de conflictos armados valiente y comprometido, fino conocedor de América Latina, que lo adoptó, Christian Poveda cubrió allí una guerra civil particularmente sangrienta, que causó la muerte de más de 100.000 personas entre 1979 y 1992. Es en ese mantillo de traumatismo y de violencia nunca saldada que prosperaron las bandas de los Maras, importadas de Estados Unidos por los hijos de los inmigrantes clandestinos que regresaban al país. Pasando al documental en gran formato, Christian Poveda ha sido uno de los pocos periodistas que se han sumergido en el muy cerrado mundo de los mareros. Los dieciséis meses de grabación que le consagró, se convirtieron en La Vida Loca, testimonio único, inédito. Hombre de paz, algunos meses antes de su muerte el cineasta respondió a una oferta de negociación entre las dos Maras rivales, la “Salvatrucha” y la “18”. Los miembros de esta última son los protagonistas de La Vida Loca. “Buenos días, antes de todo, quiero aclarar que no estoy a cargo de ninguna misión del futuro gobierno. Por el contrario, esto sigue siendo aún confidencial, las dos bandas, la Mara Salvatrucha y la 18, decidieron sentarse a negociar para vislumbrar la posibilidad de la paz y me pidieron ser su mediador, lo que acepté. En caso de un acuerdo de paz, confío en que éste derivará seguramente en negociaciones con el nuevo gobierno. Este será, por lo menos, el principal objetivo de mi mediación, sin esto, esta paz no tendrá ningún sentido y no durará más que unas horas. Aún estamos lejos de ganar la partida…”, escribía Christian en un mail con fecha del 24 de marzo de 2009. Es cierto, la iniciativa no concordaba con las presiones de seguridad ejercidas sobre el gobierno de Mauricio Funes. Presidente que no tenía en sus manos la mayoría parlamentaria, elegido bajo la etiqueta de la antigua guerrilla del FMLN, el ex periodista de CNN en español sabía que, tras el cambio, los antiguos enemigos de la guerra civil lo aguardaban. El Salvador posee uno de los índices de homicidios más elevados del mundo, con 55 crímenes en promedio por año por cada 100.000 habitantes. El asesinato de un periodista extranjero y reconocido como Christian Poveda no dejó de agregar a ese reto político el peso de la vigilancia internacional. De allí, sin duda, una celeridad judicial inédita en un caso como este, pero que deja preguntas sin respuesta. Así, lejos de estar satisfecha con el veredicto del 9 marzo, la organización Reporteros sin Fronteras encuentra en él fallas evidentes. 24 horas de audiencia, la mitad de ellas a puerta cerrada, parecen muy pocas para atribuir las responsabilidades de las 31 personas acusadas sentadas en el banquillo. La Fiscalía General de la República había pedido 50 años de cárcel para todos los acusados; sólo once fueron condenados y únicamente tres de ellos recibieron fuertes penas. ¿Por qué tal diferencia? Entre los ocho condenados a penas menores –es decir, cuatro años de prisión por “agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública”– se encuentra el ex policía Juan Napoleón Espinoza Pérez. Era contra él que la fiscalía había pedido la mayor pena (56 años y medio de prisión). Asimismo, se sospecha que fue él quien proporcionó el móvil del crimen, acusando a Christian Poveda de ser un supuesto informador de la policía ante los miembros de la Mara 18. Irremediablemente, la manipulación orquestada de esta manera condenaba a muerte a nuestro colega. ¿Por qué ese policía, entonces en funciones, habría librado al periodista a sus asesinos? Esta es la zona oscura del caso. Si la justicia estuviera tan convencida de la responsabilidad de Juan Napoleón Espinoza Pérez, la pena impuesta debería ser proporcional al cargo imputado. 24 horas de audiencia llevaron a esta convicción, ¿por cuál otra hipótesis seria? Es posible que exista manipulación, lo sabemos. Concluir, como algunos, que se trata de un proceso “desviado” o “falseado” no revela nada. La solución del caso Poveda tiene, no obstante, el sabor de algo inacabado, atrancado y truncado. Sí, sin duda el gobierno de Funes quiso modificar la imagen de su país dando la prueba de seguridad esperada en un drama tan mediatizado. Sí, esta voluntad política tuvo toda la apariencia de una resolución judicial real. Sin embargo, su veredicto final no convence en término de resultados. Es cierto, los asesinos de Christian Poveda estaban en el banquillo o, al menos, una parte de ellos. Pero como siempre, en materia de seguridad, en El Salvador y fuera de él, el “gran golpe” dado a petición del poder ejecutivo no coincide con una justicia serena y bien impartida. La verdad sobre el asesinato de Christian Poveda aún queda por esclarecerse. Jean-François Julliard, Secretario General de Reporteros sin Fronteras
Alain Mingam, Despacho Ejecutivo y Consejo de Administración de Reporteros sin Fronteras
Benoît Hervieu, Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras