Hungría: RSF teme que la nueva “ley de coronavirus” de Orbán dé al gobierno poder absoluto sobre los medios.
Tras acusar a los medios independientes de desinformar sobre la pandemia de coronavirus, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, ha aprobado una nueva ley que castiga con hasta cinco años de prisión la difusión de noticias falsas. Reporteros sin Fronteras (RSF) teme que el gobierno húngaro tome el control absoluto sobre los medios nacionales y hace un llamamiento a las instituciones europeas para actúen con urgencia con el fin de evitar que se elimine la libertad de prensa en Hungría y, con ella, la democracia.
Después de otra campaña de difamación contra los medios independientes, esta vez acusándolos de propagar desinformación sobre la pandemia de coronavirus, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha aprobado esta semana una “ley de coronavirus" que le permite gobernar por decreto durante el estado de emergencia por un período indefinido. En particular, la legislación incluye una disposición que castiga con hasta cinco años de prisión la difusión de noticias falsas.
Los más complacientes con Orbán dirán que los tribunales tendrán la última palabra sobre posibles sanciones, pero, en realidad, es el gobierno el que puede, en primer término, decidir arbitrariamente si una información de los medios es verdadera o falsa. Por lo tanto, la nueva ley permite que el gobierno ejerza un control directo sobre las redacciones que no cumplen con su línea en sus informaciones. Como resultado, la ley amenaza con barrer del sector mediático a los medios independientes que quedan en el país, ya gravemente debilitados, e introducir un estricto sistema de censura con el pretexto de combatir la pandemia.
No obstante, fueron los medios gubernamentales y progubernamentales quienes inicialmente subestimaron el peligro del coronavirus y después acusaron a los migrantes de importar la enfermedad a Hungría. Los medios independientes han sido mucho más responsables en su cobertura de la epidemia. Pero cuando destacaron los errores cometidos por el gobierno en su gestión de la crisis, se desencadenó una ola de odio contra ellos.
Un diario digital progubernamental y los medios estatales acusaron a los digitales independientes Index.hu y 24.hu de difundir información falsa sobre la pandemia. Un participante en un programa de debate en el canal de televisión comercial HírTV atacó a "ciertos canales de oposición que no defienden a la nación húngara", y a los "colaboradores del coronavirus", mientras que otro contertulio pidió el "arresto" de sus periodistas. La ley permite ahora que sus deseos se vean satisfechos.
"Esta ley orwelliana instaura en el corazón de Europa un Estado policial de la información en toda regla", afirma Pavol Szalai, jefe del departamento para la Unión Europea y los Balcanes de RSF. "Todas las instituciones europeas deben movilizarse para preservar lo que queda de libertad de prensa en Hungría".
La ley de Orbán se opone claramente a los valores europeos consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como a los derechos fundamentales garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos. Las instituciones de la UE deben utilizar todos los mecanismos a su disposición, especialmente el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión, para evitar que el gobierno transforme Hungría en un régimen antidemocrático que ponga fin a la libertad de prensa. Mientras tanto, el Consejo de Europa debería entablar un diálogo con Budapest con el objetivo de derogar la ley. Estas solicitudes se especifican en cartas abiertas enviadas por organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre las que se cuenta RSF, a los líderes de la UE y el Consejo de Europa.
Hungría ocupa el puesto 87, de 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros sin Fronteras, 14 posiciones por debajo de la que ocupaba en la tabla de 2018.
