Gobierno mexicano se niega a reconocer la crisis en materia de libertad de expresión

En 2019 México se convirtió en el país más mortífero del mundo para quienes ejercen el periodismo, más de 99% de los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas siguen sin resolverse y no existen garantías para que quienes se dedican a informarnos puedan hacer su labor sin temor a represalias, amenazas, violencias e intimidaciones.

En los diferentes encuentros sostenidos, la misión hizo un llamado al gobierno mexicano para reducir en 2% anual la impunidad en los crímenes contra periodistas, que actualmente es de más de 99%; implementar las 104 recomendaciones que la Organización de la Naciones Unidas hizo al Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y poner fin al discurso oficial que estigmatiza y aumenta la vulnerabilidad de miles de periodistas en el país.

Como resultado de las reuniones se ha acordado:

• Establecer con la Fiscalía especial de atención para los delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle) una reunión semestral de seguimiento sobre la aplicación del Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión. 

• Establecer una mesa de trabajo para concertar la implementación de las 104 recomendaciones que la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hizo al Mecanismo federal de protección a periodistas; el presidente López Obrador se comprometió en conferencia de prensa a garantizar estas recomendaciones.
• Elaborar una plataforma para consultar cada recomendación emitida por organismos internacionales y el estatus en que se encuentran.
• Parlamentarios de diferentes bancarias se comprometieron a trabajar con sociedad civil para impulsar cambios legislativos.

A pesar de lo anterior, la misión considera insuficientes los anteriores compromisos para reducir la impunidad. Lamentamos que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, declinara reunirse con la misión y que la Feadle no se comprometiera a reducir 2% anual la impunidad en crímenes contra periodistas ni a crear una mesa de trabajo para dar seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos.

Por otra parte, la comunicación social de la Presidencia de la República negó que hubiera casos de censura y aseguró que lo que las 17 organizaciones ven como estigmatización contra periodistas y medios de comunicación es más bien un debate estimulado por las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. A este respecto, el mismo presidente dijo en conferencia: “Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas”.

De acuerdo con los diálogos que ha sostenido la misión con organizaciones sociales mexicanas y periodistas de diferentes estados de la república, ésta es una de las mayores preocupaciones, ya que aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las y los periodistas, sobre todo de quienes se encuentran en el interior de la república.

Preocupa el intento de camuflar como derecho de réplica el agravio y la descalificación en lugar de abonar a un debate abierto y plural. Esta postura del ejecutivo es irresponsable y peligrosa en un país como México, donde al menos 10 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año y las agresiones en su contra van en aumento.

La misión abordó el espionaje que se ha realizado a periodistas desde el Estado mexicano  y valora el compromiso del presidente actual de que no serán usados sistemas de espionaje en su gobierno y que se garantizará el derecho de las  víctimas de espionaje de gobiernos pasados para conocer qué información fue obtenida.

Sin embargo, esta delegación considera que es necesario implementar las recomendaciones internacionales que ha recibido México en la materia para garantizar que no haya impunidad. La misión se compromete a dar seguimiento de los acuerdos y demandas planteadas, y tanto organizaciones nacionales como internacionales continuarán colaborando para lograr los objetivos deseados.

Este gobierno tiene la oportunidad de cambiar años de impunidad y revertir esa situación de violencia. La misión confía en que durante los próximos cinco años se reconozca la importancia de la labor periodística en la vida democrática de este país y por lo tanto existan  acciones contundentes para revertir estas tendencias. 

Al día de hoy, representantes de la misión se han reunido con: Jesús Ramírez Cuevas y Jesús Cantú miembros de comunicación social de la presidencia de la república;  Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH); Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle); Raúl de Jesús Tovar, director general de comunicación social de la Fiscalía General de la República (FGR), y senadores de la república.

La Coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil sobre seguridad de los periodistas (ISCO SOJ Coalition) está integrada por 17 organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil, y tiene el objetivo de fortalecer la coordinación para promover la seguridad de los periodistas y luchar contra la impunidad. Forman parte de ella: Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF), International Media Support (IMS), Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Freedom House (FM), Global Forum for Media Development (GFMD), Gulf Center for Human Rights (GCHR), International Freedom of Expression Exchange (IFEX), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Internews, International Press Institute (IPI), International Women’s Media Foundation (IWMF), Palestinian Center for Development and Media Freedom (MADA), PEN America, Free Press Unlimited (FPU), World Association of News Publishers (WAN-IFRA).

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