En América Latina, casi todos los indicadores están en rojo
La crisis del coronavirus ha actuado como un acelerador de la censura en América Latina y ha creado serias dificultades para acceder a información sobre la gestión de la epidemia por parte de los gobiernos de la región. Estas limitaciones se han traducido en un espectacular deterioro del indicador que mide las dificultades de acceso a la información para los periodistas. Además, Latinoamérica registra este año el peor retroceso (el +2,5%) entre los indicadores regionales.
En Brasil (111º, -4), el acceso a las cifras oficiales sobre la epidemia se volvió sumamente complejo por la falta de transparencia del gobierno de Jair Bolsonaro, que intentó por todos los medios minimizar el alcance de la crisis y generó innumerables tensiones entre las autoridades y los medios de comunicación nacionales (ver recuadro más abajo).
En El Salvador (82º, -8) país que registra una de las mayores caídas en en la Clasificación 2021, el trabajo de los periodistas encargados de cubrir la pandemia también se vio ampliamente obstaculizado: la policía se incautó de material periodístico, se prohibió el acceso a espacios públicos, hubo falta de transparencia en el acceso a la información pública, los funcionarios presidenciales se negaron a responder preguntas sobre el coronavirus durante las ruedas de prensa, e incluso se prohibió entrevistar a representantes del Estado sobre el asunto.
Entre la negación y la intención de poner en cuarentena a los medios
También se observaron prácticas de obstrucción similares en Guatemala (116º), donde el presidente Alejandro Giammattei expresó su deseo de “poner en toque de queda a los medios”, o en Ecuador (96º, +2). Frente a la pandemia, esta actitud de rechazo adoptada por varios líderes autoritarios como Daniel Ortega en Nicaragua (121º, -4), Juan Orlando Hernández en Honduras (151º, -3) o incluso Nicolás Maduro en Venezuela (148º, -1) dificultaron especialmente la tarea de los medios. Estos mandatarios aprovecharon la onda expansiva provocada por la crisis para fortalecer su arsenal de censura y complicar aún más la labor informativa de la prensa independiente. A los periodistas se les acusó públicamente de exagerar la gravedad de la crisis sanitaria y de sembrar el pánico en el espacio público. Quienes se atrevieron a cuestionar la respuesta oficial de las autoridades para combatir la pandemia fueron detenidos, acusados de practicar el "terrorismo de desinformación" y, en ocasiones, encarcelados, como le ocurrió al periodista independiente venezolano Darvinson Rojas, que en un mensaje de Twitter puso en duda la credibilidad de las cifras oficiales.
Brasil (111º, -4): Un entorno tóxico para la prensa
Tras una caída de dos puestos el año pasado, Brasil desciende otras cuatro posiciones en 2021 y entra en la zona roja de la Clasificación, lo que indica que la situación de la prensa en el país se considera grave. El entorno tóxico en el que trabajan los profesionales de los medios brasileños desde que Jair Bolsonaro llegó al poder, en 2018, explica en gran medida este retroceso: los insultos, la estigmatización y las humillaciones públicas orquestadas de los periodistas se han convertido en la marca de fábrica del presidente, su familia y su círculo cercano. Estos ataques se han intensificado desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Para encubrir su desastrosa gestión de la crisis sanitaria, que ha dejado más de 318.000 muertos*, Jair Bolsonaro acusa a la prensa de ser la responsable del caos en el país. El presidente ha contribuido, además, a difundir información falsa, en particular sobre el uso de la ivermectina, un fármaco antiparasitario cuya eficacia en la lucha contra el coronavirus nunca se ha demostrado y que ha sido desaconsejado por la OMS. También ha criticado las medidas de aislamiento social y ha propiciado reuniones de personas que no respetaban el distanciamiento social, lo que le valió la censura de Facebook y Twitter. Ante las mentiras compulsivas del presidente y la falta de transparencia del gobierno en la gestión sanitaria, en junio de 2020 se creó una alianza sin precedentes que agrupó a los principales medios de comunicación del país. Su finalidad: obtener información directamente de las autoridades de los 26 estados del país y del Distrito Federal de Brasilia para emitir sus propios informes.
*A fecha del 31 de marzo de 2021.
El discurso de la clase política contra los medios
En todo el continente, los periodistas prosiguen con su trabajo de información en un entorno cada vez más dañino y tóxico. La desconfianza hacia la prensa se alimenta de la retórica antimediática de la clase política latinoamericana, cuya agresividad va creciendo. En Brasil y El Salvador, pero especialmente en Nicaragua y Venezuela -donde la prensa independiente agoniza-, a los periodistas se les califica como “enemigos del pueblo”. Lo mismo ocurre en Cuba (171º), que permanece estancada en las profundidades de la Clasificación y donde la prensa independiente -que no tiene reconocimiento legal, ya que La Constitución prohíbe los medios privados-, solo puede existir a través de internet. En México (143º), que sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para la prensa, el presidente López Obrador sigue estigmatizando a los periodistas durante “las mañaneras” -sus conferencias de prensa matutinas-, cuando se publican informaciones contrarias a sus intereses.
Una amenaza con múltiples formas
La normalización de estos discursos estigmatizantes debilita a la profesión y genera ataques cada vez más enérgicos y violentos contra los medios de comunicación. RSF ha observado un aumento de los procesos judiciales abusivos contra la prensa, generalmente emprendidos por cargos electos o representantes del Estado, en países como Perú (91º, -1), Argentina (69, -5), e incluso Brasil y Nicaragua.
La proliferación de las campañas de difamación, intimidación y acoso en internet contra periodistas, tanto si surgen de figuras públicas como de entidades secretas, representa otra fuerte tendencia en la región, sobre todo en Colombia (134º, -4) y en Brasil. Con frecuencia, los principales objetivos de estos ataques coordinados son mujeres periodistas.
Lejos de haberse debilitado, la violencia física contra periodistas y “comunicadores” (el término “comunicador” engloba a los periodistas independientes, blogueros, etc., que no trabajan para los principales medios nacionales, N. d. A.) ha contribuido a que se deteriore aún más, el 15%, el indicador de “Agresiones” de la Clasificación. En Haití (87º, -4) o Chile (54º, -3), cubrir las manifestaciones se ha convertido en una actividad extremadamente peligrosa. En México, Honduras y Colombia les costó la propia vida en 2020 a 13 periodistas que, en su mayoría, habían investigado sobre la corrupción y el crimen organizado. La impunidad de los crímenes contra los periodistas continúa alimentando el círculo vicioso de la violencia en la región.
A causa de un marco legislativo que ofrece poca protección y de la crisis económica causada por la pandemia, la prensa independiente se enfrenta a retos gigantescos y aún debe recuperar la confianza del público en el periodismo de calidad. Sin embargo, en esta difícil coyuntura, es la labor periodística la que ha permitido contrarrestar la información falsa difundida por las autoridades públicas sobre los orígenes de la pandemia o sobre las soluciones para afrontar la crisis sanitaria. Este ha sido el caso de Venezuela y de Brasil, donde los respectivos presidentes, Maduro y Bolsonaro, promovieron a través de las redes sociales y de campañas de comunicación pública medicamentos (Carvativir y cloroquina, N. d. A.) cuya eficacia nunca ha sido probada por el sector médico. En ambos casos, las encuestas o artículos detallados que publicaron en particular Agência Pública en Brasil o El Estímulo y Efecto Cocuyo -que se encuentran entre los últimos periódicos independientes de Venezuela-, han venido a recordar los peligros de estas campañas para la población y, de paso, el valor de la información confiable para combatir eficazmente la epidemia.
Pronóstico moderado para la libertad de prensa en América del Norte
A pesar de la leve mejoría de la libertad de prensa en América del Norte, representada por el avance de dos posiciones de Canadá -del 16º al 14º- y de una en el caso de Estados Unidos -que sube al puesto 44º desde el 45 que ocupaba en 2020-, la edición 2021 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa muestra síntomas preocupantes.
Si bien todos los países de la región han tenido que superar desafíos, la crisis de la Covid-19 ha revelado que ninguno de ellos está vacunado contra el virus de la desinformación. El caso más flagrante es, sin duda, el de Estados Unidos, donde algunos medios difundían noticias falsas sobre el virus y otros las desmentían mientras los contagios se contaban por decenas de millones y el coronavirus causaba en 2020 más de 350.000 muertes, un récord mundial para el país en una categoría muy triste.
No hay inmunidad contra la desinformación
Tal como señaló el #Observatorio_19, la herramienta en línea que RSF puso en marcha, las conferencias de prensa diarias y televisadas de la Casa Blanca, que se suponía que debían mantener informados a los periodistas y al público sobre la situación, el número de pruebas y las hospitalizaciones, se convirtieron en muchas ocasiones en un circo mediático desde cuya pista central pontificaba el presidente Trump, gritando insultos a los reporteros y contradiciendo las recomendaciones de los expertos médicos de su propia administración.
Incluso en Canadá, que merece aplausos por su proactividad en términos de libertad de prensa tanto en su territorio como más allá de sus fronteras, algunos medios de comunicación recibieron críticas por difundir estereotipos y comentarios despectivos hacia las comunidades autóctonas reacias a vacunarse. Este tipo de periodismo de tópicos y sensacionalismo solo alimenta puntos de vista históricamente falsos y negativos sobre los pueblos nativos. En Canadá, y también en Estados Unidos. El coronavirus ha puesto de relieve un problema recurrente en América del Norte, donde los medios de comunicación influyen en la forma de ver las cosas y crean prejuicios sobre las poblaciones indígenas.
Más allá, en Jamaica (7º, -1), las autoridades han sido acusadas de utilizar las restricciones del confinamiento para obstaculizar el trabajo de los periodistas. También han causado un malestar persistente los comentarios que el primer ministro jamaicano, Andrew Holness, hizo a finales de 2019 sugiriendo que los periodistas no tenían la obligación de ceñirse a los hechos.
En los países miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO, 45º, -1) y Guyana (51º, -2), la influencia política se considera una amenaza para la integridad editorial. En cuanto al país que más avanza en la región, Trinidad y Tobago (31, +5), su mejoría se debe principalmente a un importante fallo de la Corte Suprema a favor de proteger las fuentes periodísticas, decisión que podría tener un significativo impacto en el Caribe.
Un año violento para los periodistas en Estados Unidos
Sin duda, el indicador más alarmante para la libertad de prensa en América del Norte sigue siendo la cifra sin precedentes de arrestos, agresiones y asaltos contra los profesionales de los medios durante las protestas contra el racismo que surgieron a mediados de 2020 tras la muerte de un afroamericano desarmado, George Floyd, mientras estaba detenido.
El nivel de violencia alcanzó tal proporción que el US Press Freedom Tracker, una organización socia de RSF, llegó a considerar que la libertad de prensa estaba "en crisis" en Estados Unidos. Los ataques fueron perpetrados por las fuerzas del orden, miembros de milicias autoproclamadas y contramanifestantes, que recurrieron a una amplia gama de métodos: disparos de balas de goma, productos químicos irritantes rociados en el rostro, amenazas verbales, hostigamiento, destrucción y confiscación de material…
La violencia que caracterizó gran parte del año 2020 en Estados Unidos alcanzó su punto culminante con el asalto al Capitolio, en Washington, el 6 de enero de 2021. Esta invasión, que tenía como objetivo impedir que se confirmara la victoria electoral de Joe Biden, tuvo como resultado inmediato la expulsión de Donald Trump de Twitter y de otras redes sociales. Este hecho, que se produjo después de cuatro años en los que el expresidente se dedicó a tergiversar los hechos de forma tan amarga como corrosiva, generó entre los defensores de la libertad de prensa serias preocupaciones sobre el papel desproporcionado de las grandes empresas tecnológicas como árbitros no electos de la verdad.
En aquel momento, RSF pidió que se impusieran obligaciones democráticas a los principales actores digitales, especialmente a través de un proceso de control y equilibrio basado en la transparencia y la posibilidad de apelar decisiones -como la de suspender el perfil en las redes sociales de ciertas personalidades públicas-, antes que privilegiar el statu quo, sujeto a las fuerzas del mercado y a los intereses particulares.
Tratar los síntomas no es lo mismo que curar
La llegada de la administración Biden ha supuesto cambios positivos en la forma en la que se trata a los periodistas en Estados Unidos: la Casa Blanca ha dejado vilipendiarlos públicamente o de acusarlos constantemente de esparcir "noticias falsas". Sin embargo, como ocurre con cualquier paciente, aunque los síntomas más evidentes de una democracia enferma se hayan atenuado, siguen existiendo muchas enfermedades crónicas subyacentes. Por ejemplo, la mayoría de los republicanos sigue creyendo que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas y, por lo tanto, no válidas.
De hecho, tras el asalto al Capitolio ocurrió algo nunca visto antes: según el barómetro anual Edelman 2021, menos de la mitad de los estadounidenses encuestados dijeron que confiaban en los medios tradicionales, y el 56% de ellos se mostró de acuerdo con la afirmación de que "periodistas y reporteros intentan engañar al público de manera deliberada, diciendo cosas que saben que son falsas o con grandes exageraciones".
Una de las razones de esta creciente desconfianza es la politización percibida -y en ocasiones muy real- y la polarización ideológica de la información. Si bien la premisa para el buen funcionamiento de una democracia es que el electorado esté bien informado, estas tendencias no auguran nada bueno para la salud y la longevidad del periodismo confiable en los Estados Unidos.